Fué en el marco de una investigación por supuestos "empleados fantasma". La causa se inició en el 2023 y es llevada adelante por la jueza federal Alicia Vence.
Agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) allanaron la municipalidad de San Martín por orden de la Justicia, que además le prohibió la salida la país del intendente de esa localidad bonaerense, el peronista Fernando Moreira.
Las medidas fueron dispuestas por la jueza federal Alicia Vence, en el marco de una causa iniciada a fines del 2023 que investiga la supuesta incorporación de "empleados fantasma" por parte de esa administración.
La investigación se inició cuando una persona que cobraba un plan social fue dado de baja de ese beneficio. A raíz de su denuncia, las autoridades le explicaron que fue despojado del cobro ya que era figuraba como empleado de la Municipalidad de San Martín, percibiendo un sueldo de $300 mil.
Al negar ser él quien trabajaba para el municipio, se inició una investigación que derivó en allanamientos en las áreas de Recursos Humanos y Tesorería del palacio de Gobierno, ubicado a solo 15 minutos de la Capital Federal.
La modalidad remite al escándalo protagonizado por el puntero político Julio "Chocolate" Rigau.
Moreira responde al actual ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, quien, además, fue su antecesor en la intendencia de San Martín.
El objetivo del operativo en la Municipalidad fue recolectar información sobre los empleados reales y cotejar con los que cobraban dinero y supuestamente no lo eran.
La investigación derivó luego en descubrir que una persona tenía varias tarjetas de débito y retiraba el dinero de los empleados en un cajero cercano al Concejo Deliberante.
Según la pesquisa, personas que desconocían la situación figuraban como empleados del Municipio y en nombre de ellos se cobraban salarios.
En ese marco, la jueza Vence impuso la prohibición de salida del país para cinco personas, entre ellas al intendente de San Martín.
Como responsable del Juzgado Federal de Instrucción número 2 de San Martín, muchas causas de lesa humanidad suelen tocarle a Alicia Vence. Si bien avanzó en la investigación contra militares, se la acusó de frenar las causas donde eran señaladas grandes empresas como Ford o Techint como cómplices de torturas y desapariciones de trabajadores durante la última dictadura (1976-1983).
“Hay una resistencia en todo el país a revisar estas responsabilidades y hoy Vence lamentablemente no parece ser la excepción”, señaló en 2022 Federico Efron, entonces Director de Asuntos Jurídicos Nacionales de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, cuando le consultaron desde Letra P.
Entre los casos que le tocaban a la jueza Vence, se encontraban la represión a trabajadores en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Se estima que Carlos Guillermo Suárez Mason, al frente del primer Cuerpo del Ejército, con base en Campo de Mayo, solía reunirse con personal jerárquico de empresas como Acindar de Villa Constitución, las automotrices Mercedes Benz y Ford y las ceramistas Cattaneo y Lozadur, entre otras.
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