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A modo de apertura, se realizó un panel de exposiciones a cargo del comité consultivo del consejo, conformado por Alejandro Amor, Defensor del Pueblo porteño; Silvina Pennella, titular del Consejo de Derechos Humanos de la Defensoría; Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación; Víctor Abramovich, procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia; Eugenio Zaffaroni, magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex juez de la Corte Suprema de Justicia; el padre Carlos Accaputo, titular de la Pastoral Social; y Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. La jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Alicia Ruiz y el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Paulo Abrao -los otros dos miembros del comité consultivo- no pudieron estar presentes en el lanzamiento pero enviaron sus adhesiones.
Para comenzar, la titular del flamante consejo expresó que “luego de dos décadas de camino transitado en la Defensoría, nos encontramos frente a desafíos de reflexión y de redefinición de las estrategias y de las herramientas que utilizamos para lograr alcanzar los objetivos que la Constitución nos asigna”. Pennella, a su vez, explicó que este consejo se planteó tres objetivos principales: contribuir a la promoción y a la difusión de derechos humanos, vigilar y monitorear el cumplimiento de estándares aplicables en materia de derechos humanos y fortalecer los mecanismos de exigibilidad y el acceso a la justicia.
Por su parte, el Defensor del Pueblo remarcó: “Los derechos se conquistan con lucha y después se defienden, también con lucha. La Defensoría ha asumido esta responsabilidad”. Amor señaló además que el informe que se presenta sobre el trabajo forzoso en los talleres textiles, forma parte de la hipocresía de muchísimos dirigentes políticos y de gran parte de la sociedad.
A continuación, Avruj reflexionó que la lucha por la defensa de los derechos humanos es una lucha continua que tiene que ver con la vida misma a través del tiempo, y que “cada tiempo nos va mostrando nuevos desafíos en los cuales la sociedad y el Estado tienen que estar permanentemente atentos para dar respuesta”.
A su turno, Abramovich recordó que las problemáticas de usuarios y las de emergencia ocupacional que se planteaban hace muchos años en la Defensoría, continúan siendo temas de la agenda de hoy del organismo y de este Consejo. Como así también, mencionó, la actividad importante que cumplió históricamente la Defensoría del Pueblo en el seguimiento de distintas formas de violencia institucional.
Luego, el ex Juez de la Corte Suprema, expuso que la ciudad de Buenos Aires tiene dos enormes deudas, en primer lugar los barrios precarios, las villas, y en segundo término el trabajo esclavo. “Son dos baldones a los que se debieran poner especial atención”, manifestó Zaffaroni y agregó que: “La lucha tiene que ser siempre dentro del derecho, ya que si lo hacemos por fuera se abre el camino de la violencia y ahí perdemos todos, especialmente los más vulnerables que son los que siempre ponen más cadáveres”.
El padre Accaputo, por su lado, destacó el rol de la Defensoría, que según señaló, “cada vez más fue ahondando en lo real alimentándose de aquello que es lo formal y haciéndose cargo de infinidad de cuestiones que afectan a la sociedad”. Asimismo, enfatizó: “Yo quiero realmente reconocer este esfuerzo enorme por generar proyectos reales y que le sirvan a nuestro pueblo, sobre todo para aquellos que tienen menos posibilidades”.
Como cierre de este panel, Estela de Carlotto aseveró que hay que defender todos los derechos, los de antes que son presente y que son por los que Abuelas de Plaza de Mayo fundamentalmente proclama, “pese a que se nos ofende cuando dicen que mentimos y que los desaparecidos no son tantos o que somos un curro”. En este sentido, dijo que esas actitudes “nos retemplan y de ahí se aprende a hacer algo nuevo para nuestra lucha y para la lucha del otro”. Para finalizar, la Presidenta de Abuelas advirtió que: “Tenemos que quedarnos en lo bueno que podemos hacer, tenemos que juntar las manos y defendernos y defender al otro como a uno propio, seguro que así vamos a hacer posible que esta lucha sea realidad para decir Nunca Más”.
Más tarde, se desarrolló la presentación del primer informe del Consejo de Derechos Humanos, “El trabajo forzoso y la trata de personas con fines de explotación laboral. Un estudio de aproximación a la situación de los talleres textiles clandestinos en la Ciudad de Buenos Aires”.
En esta oportunidad, se llevó a cabo otro panel en el que participaron, además de Silvina Pennella, Fernanda Levenzon, investigadora del Consejo; Esteban Mur, papá de dos niños fallecidos en el incendio del taller ubicado en la calle Páez; Lucio López, secretario de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex); y Sergio Torres, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12 de la Capital Federal.
En su introducción, Penella precisó que las formas contemporáneas de esclavitud persisten y que en la actualidad, según establece la propia Organización Internacional del Trabajo, afecta a más de 21 millones de personas en todo el mundo. Detalló, además, que estas prácticas delictivas no sólo vulneran derechos sino que generan inmensas ganancias ilegales que llegan al orden de los 150 mil millones de dólares al año y que constituyen delitos complejos, que aquejan principalmente a personas que integran colectivos especialmente vulnerables y que se caracterizan básicamente por el sometimiento o por la sujeción de una persona a otra con la finalidad de explotarla.
Levenzon añadió que el enfoque de la investigación no se trató sólo del simple diagnóstico, porque la intención es poder ir más allá y efectuar propuestas concretas de ejecución y recomendaciones para el perfeccionamiento del accionar de los organismos intervinientes.
El padre de Ronaldo y Rodrigo, los dos niños fallecidos durante un incendio en un taller clandestino de la calle Páez en el barrio de Flores, opinó que en las villas de emergencia es donde más se necesita a la Defensoría del Pueblo, “porque es donde se encuentra la gente que trabaja y no tiene un salario fijo. Se trabaja por migajas que no alcanzan ni para pagar un alquiler y menos para los impuestos”. Mur puntualizó que los dueños de los talleres se aprovechan de esta situación de vulnerabilidad y que cuando se los pretende denunciar se declaran en banca rota para no pagar. “Siempre te utilizan y nunca se puede conseguir un trabajo en blanco”, concluyó.
El secretario de Protex subrayó que la línea 145 permitió, a raíz de la denuncia anónima, “poder acercarnos al taller clandestino y hacer la investigación de manera más exhaustiva”. Para López, es importante destacar que la modalidad de trata de personas -que está homologado dentro del crimen organizado- es el tercer negocio ilícito más importante detrás del tráfico de estupefacientes y el contrabando de armas. “La explotación es básicamente la esclavitud, un modo de esclavitud para la sociedad actual”, definió.
Por último, el juez Torres determinó que el primer informe del Consejo “es un gran aporte para la construcción de los derechos humanos frente a esta tragedia humana que es la explotación de personas con fin laboral”. Asimismo, recalcó que hay que tener en cuenta que se trata de un negocio enorme y que este concepto es el punto de partida para entender cómo se puede pensar el abordaje ante esta problemática. Para finalizar, Torres habló sobre el nuevo rol del juez o del sistema penal en relación a ocuparse de este flagelo no sólo durante el proceso sino también después de la sentencia.
Quienes deseen conocer más sobre el trabajo del flamante consejo y acceder a los diferentes recursos que ofrece pueden visitar su sitio web aqui.
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