Conferencia sobre Amnistía Fiscal en la Sociedad Rural de la Provincia

En la tarde del martes, se realizó una charla explicativa sobre Amnistía Fiscal o Blanqueo de Capitales en la sede la Sociedad Rural de la Provincia de Buenos Aires delante de una nutrida cantidad de concurrentes.
El Dr. Osvaldo Simiele, Presidente de la entidad anfitriona, señaló que “fue una idea del Presidente del Comité de Finanzas de la Institución, Diego Lynch, lo que nos pareció muy oportuno porque hay mucha gente de la agro industria, del agro comercio que quería conocer éste proyecto y que no solo hablemos sobre temas del agro siempre, sino que toquemos temas tributarios dado que esto es un caso muy particular y muy difícil en la Argentina y en el Mundo donde las cuentas Offshore se tengan que blanquear”.
El contador Leandro Misculin fué el encargado de dar a conocer los alcances de la ley que fué aprobada mas tarde.  Así, el orador destacó a NCN24 que “los blanqueos anteriores como en el 2009 tuvieron una aceptación razonable, se blanquearon 4500 millones de dólares, en el blanqueo del 2013 tuvo una receptividad un poco menor a pesar que estuvo dos años y medio esa ley, se blanquearon casi 3000 millones de dólares entre los bonos y los cedines. En éste blanqueo, el gobierno tiene perspectivas que sean superadoras de éstos números con creces. La gente, creo, tiene más conciencia de todas éstas cuestiones que se están suscitando a nivel mundial respecto a lo que es la información y la dificultad que va a existir para mover dinero que no esté declarado”. Indicó, luego que el objetivo por el que “damos a conocer éste blanqueo es porque creemos que es importante para que la gente, si tiene algún fondo no declarado, tenga que regularizarlo y que entienda los motivos y los costos asociados y las penalidades en caso de que no se adhieran y que sean detectados en un futuro”.
Por último, estableció que “las estadísticas dicen que hay entre 200 y 400 mil millones de dólares de argentinos acá y en el exterior. Es una estadística que no sé de qué fuente viene. Lo que sí sabemos es que hay 30 mil millones de contribuyentes argentinos que declaran en el exterior, con lo cual están declarados en el AFIP como dato real que tenemos. Ojalá tengan la confianza suficiente para repatriar los fondos como para que se vuelquen en nuestro país que tanta falta hacen”.

Amnistía Fiscal en la Argentina
Desde hace años se vienen suscribiendo convenios con otros países en los cuales el compromiso es el intercambio de información con el objetivo de lograr transparencia tributaria y neutralizar otras operaciones como la financiación del terrorismo y el narcotráfico, que impulsan la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y también el G-20, de los cuales el país es parte.
El administrador federal, Alberto Abad, en su disertación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA, anunció que se dictará un régimen de información para no residentes con depósitos mayores a u$s 100.000; es decir, ciudadanos de otros países que mantienen depósitos de ese tenor en entidades del país y sobre los cuales la Argentina, por los convenios firmados, informará al país de origen. Pero no hay que olvidar que las otras naciones informarán depósitos de argentinos en su jurisdicción.
Los acuerdos suscriptos con 56 países operan en el intercambio de información a partir del año próximo y en 2018 se le suman 41 naciones más a ese mecanismo.
Como puede apreciarse, la Argentina está inserta en este marco global que busca transparentar las transacciones internacionales.
Ahora bien, la entrada en vigencia plena y operativa de los convenios firmados también está marcando un punto de partida y un tiempo de transición en el cual permanecen ciudadanos de nuestro país así como de los otros países firmantes que pretenden regularizar su situación de manera de llegar a ese momento de "largada" habiendo normalizado su posición fiscal.
Esta vez ya no es un contexto propio el que impulsa una medida de excepción, todos los países comprendidos en el intercambio de información fiscal y/o financiera pugnan por una amnistía fiscal previa que genere la oportunidad de recomponer la situación.
Es por eso que el titular de la AFIP, con cierto pragmatismo, explicó que actualmente "es tendencia mundial" y que "no se va a dejar de estudiar ningún tema" en relación con la posibilidad de regímenes que permitan la regularización de los contribuyentes. La amnistía fiscal permitiría "poner la mesa pareja para todos", pero aclaró que a su entender no va a ser gratuita, "va a tener un costo", casi como una metáfora con respecto al fracasado intento del Gobierno anterior.
El hecho de no haberse descartado la medida no implica darla por hecho o pensar en un jubileo, ya que si bien resultaría necesaria teniendo en cuenta el contexto global se trata de una decisión que debe pasar por el Congreso y, en consecuencia, recién luego del debate y del consenso, de lograrse, podrán evaluarse los alcances y efectos de su aplicación.

En qué consiste la ley
La ley ómnibus contempla el pago de las deudas por haberes mal liquidados a jubilados y pensionados, que se financiará en parte gracias a reformas introducidas en el funcionamiento del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la Anses y en parte por los ingresos fiscales que surjan del blanqueo de capitales.
La propuesta promueve la declaración de la emergencia en los casos de litigiosidad previsional que permitirá al Ejecutivo firmar acuerdos con los jubilados para pagarle los juicios que iniciaron por la mala liquidación de sus haberes, que serán financiados con los fondos que ingresen por el blanqueo de capitales.
No tributarán nada quienes blanqueen hasta los 305.000 pesos. Pagarán un arancel del 5% quienes blanqueen la compra de inmuebles y capitales por hasta 800.000 pesos y del 10% para los montos mayores. Suma que sube al 15% desde el próximo año.
Además se prevé la actualización de los haberes y se impulsa la creación de la pensión a la vejez para mayores de 65 años, que se pagarán con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Entre otros puntos, el proyecto establece que el programa de reparación para jubilados y pensionados sea optativo, apuntando a un tercio de los jubilados (casi dos millones y medio).
Podrán participar aquellos que tienen una sentencia firme favorable en juicios contra el Estado por haberes mal calculados, quienes iniciaron juicios pero aún no obtuvieron fallo y quienes no hicieron juicio, pero se les reconocen haberes mal calculados.
Aquellos con sentencia firme que opten por este programa cobrarán el 50% de la deuda en el primer mes y el resto en doce cuotas trimestrales.
El financiamiento del programa se hará con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Se habilita al Estado a vender las acciones de Anses en empresas privadas hasta un siete por ciento de la cartera que debe permanecer en manos del Estado.
La propuesta obtuvo rápido el apoyo de los gobernadores tras la firma del acuerdo para devolverles el 15% de la coparticipación que desde 1992 se retenía para financiar el sistema previsional.
Además se otorga un beneficio a los trabajadores de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias que no están alcanzados por Bienes Personales para que queden exceptuados del pago de Ganancias en el medio aguinaldo de junio.
El proyecto también incluye la Pensión Universal para la Vejez que supone el ochenta por ciento del haber mínimo jubilatorio y que será a partir de los 60 años para las mujeres y de los 65 para los hombres.

Aprobación de la Ley
El Senado terminó de aprobar, en general, el proyecto por el cual se habilita el pago de deudas previsionales a un sector de jubilados y el blanqueo de capitales no declarados.
La iniciativa fue aprobada por 55 votos afirmativos contra 11 negativos y una abstención, la del senador de Proyecto Sur Fernando "Pino" Solanas.
La iniciativa, que contempla el pago de deudas previsionales a jubilados y pensionados que iniciaron juicios en reclamo de reajuste de haberes y el blanqueo de capitales, entre otras cuestiones, comenzó a ser debatida por el Senado pasado el mediodía.
En el primer tramo de la sesión, el presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, el peronista pampeano Daniel Lovera, defendió la iniciativa al argumentar que se trata de "una reparación para jubilados" y que se instrumentará el "blanqueo de capitales para hacer frente a esa tarea".
En lo que respecta al interés de su provincia, Lovera destacó la "restitución" del 15 por ciento de coparticipación a las provincias que se le retuvo a partir de la década del 90 y que prosiguió durante los últimos años hasta que la Corte Suprema de Justicia falló a favor de planteos realizados por Santa Fe, Córdoba y San Luis.
El radical santacruceño Alfredo Martínez, en tanto, reflexionó que "fue auspiciosa la reforma incluida en Diputados para sacar del blanqueo a los familiares directos de los funcionarios nacionales".
A su turno, la peronista disidente Liliana Negre de Alonso destacó que "hay una deuda pendiente" y "una violación a los derechos humanos" en referencia a lo que se les debe a los jubilados, al tiempo que adelantó que votará el blanqueo de capitales "porque tiene una asignación específica para que estos fondos vayan a abonar esta reparación".
El salteño Rodolfo Urtubey, del Frente para la Victoria, respaldó el proyecto del gobierno indicando que "un programa de pagos para jubilados es mejor que el status quo actual".
Asimismo, defendió la decisión de pagar las deudas para jubilados con el Fondo de Garantías de Sustentabilidad al recordar que "los peronistas echamos mano al ANSES para financiar programas como Procrear".
Por último, la ultrakirchnerista María Labado fustigó duramente al proyecto y denunció que "el blanqueo no garantiza el financiamiento" del pago de las deudas a los jubilados.
Además, indicó que el Senado debería estar debatiendo "la Ley del 82% móvil", pese a que la ex presidenta Cristina Kirchner vetó durante su primer gobierno una norma similar impulsada por la oposición.

Por: Christian Cetrari

Fuente: DyN / La Nación / Ámbito