En el año 2011 la cadena de hoteles Howard Johnson había anunciado la construcción de un hotel cinco estrellas en parte del predio del Club Banco Nación en Vicente López. Para ésta realización, la empresa Hutch S.A compró 5.886,80 m2 de los 38.878,49 m2 que tiene el club. Hutch iba a construir un hotel de la cadena Howard Johnson por lo que abonaría u$s 2,7 millones por el terreno que en noviembre de ese año había puesto a la venta la inmobiliaria Zonaprop.
El terreno está situado en la calle Zufriategui al 1200, paralelo a la General Paz, vale -según tasaciones realizadas - entre u$s15 y 20 millones.
Esta diferencia de precio fue llevada a la justicia por una denuncia realizada por el fiscal Guillermo Marijuan llegando al juzgado de Rodolfo Canicoba Corral.
Así, el juez federal Canicoba Corral dictó varios procesamientos para los que participaron de la negociación por la cesión -finalmente no concretada- de parte de los terrenos del Club Banco Nación, entidad deportiva insigne de Vicente López.
Al día de hoy, la justicia determinó que en la maniobra participaron integrantes de la Comisión Directiva del Club Banco Nación y por lo cual fueron procesados Juan Carlos Dicandia -que presidía la institución- y Gabriela Meler quien era la secretaria general. La agobiante situación económica del Club fue la excusa de los dirigentes para realizar la operación.
Entre los procesados se encuentra Alberto Albamonte, una de
las figuras efímeras de la Ucedé
que luego se dedicó de lleno a los negocios. Debido a sus altas responsabilidades
en la empresa hotelera Howard Johnson, Albamonte fue procesado por el delito de
defraudación contra la administración pública. El juez procesó también a
Alberto Taussig y Horacio Rozanski, quienes integraban junto a Albamonte la
firma que se iba a quedar con los terrenos.
Para Canicoba Corral, según consta en el procesamiento, los
empresarios y los dirigentes del Club Banco Nación actuaron de forma coordinada
con el objetivo de que la empresa Howard Johnson se apropiara de un bien del
club que no estaba habilitado para fines comerciales.
Si bien la
Justicia no tomó ninguna decisión sobre la actuación de las
autoridades de Vicente López, hubo una participación de sectores políticos en
la maniobra que se llevó a cabo entre 2008 y 2009. Para hacer el negocio había
que conseguir una excepción al Código de Edificación Urbana. Que fue finalmente
aprobada por los concejales. Y el entonces intendente Enrique “Japonés” García
firmó el decreto 3148 para promulgar esa excepción. En un escrito firmado en
conjunto por la empresa y el club que se plasmó en la ordenanza, se aceptó una
compensación de $11.100.000 para que el municipio construyera “viviendas de
clase media”.
En la denuncia de Marijuan la compensación fue analizada
como “un acto de corrupción”. El fiscal Marijuan señaló que en otras
compensaciones realizadas por modificaciones del Código de Edificación Urbana
se estableció como pago la entrega de escuelas o jardines de infantes en el
municipio. Pero jamás dinero en efectivo. Es más, la modificación del Código de
Vicente López fue ratificada –como lo exige la Ley– por el decreto 512 del 18 de mayo de 2011
firmado por el gobernador Daniel Scioli. Pero dejó al margen de la ratificación
lo referido al dinero en efectivo.
Para el juez los directivos del Club no dijeron la verdad a
los socios. Y la empresa aprovechó las circunstancias para hacerse del valioso
terreno. El juez Canicoba Corral embargó a los procesados por cifras que van
desde los 100 mil a los 250 mil pesos. Consideró, además, que la que fue
defraudada fue la administración pública por la íntima relación que tiene el
Club con el Banco de la
Nación Argentina, la entidad bancaria estatal que ayuda, no
solo con fondos, a la institución deportiva.
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